Para lograr consensos que permitan convivir en paz, es indispensable que los conflictos puedan ser resueltos mediante la creación de instituciones que promuevan, de manera democrática y participativa, el debate, la conversación, el uso del lenguaje y el cruce de argumentos. Por esto, percibí que para lograr este gran propósito, es esencial satisfacer varias necesidades de formación, bajo la idea: ¡quién sabe persuadir aumenta sus posibilidades de triunfar!
Este libro le ofrece herramientas para argumentar. Ve la necesidad de contar con abogados y servidores públicos que sumen un conjunto de exigentes competencias generales y específicas que se examinan en este trabajo. En las generales: sensibilidad ético-política, orientación humana del asunto, manejo de las emociones, participación y democracia, comunicación, lenguaje verbal y no verbal, oralidad. En las específicas: estilo jurídico, estructura del discurso, conocimientos especializados de su área, pensamiento lógico, narración y prueba de los hechos, planteamiento y solución del problema jurídico, análisis jurisprudencial, uso del precedente, interpretación, argumentación, debate, conversación, refutación, comprensión de los fines, valores y principios del sistema jurídico y capacidad para resolver en justicia y equidad los casos particulares.
Estas competencias son auténticas virtudes de un buen jurista. A las cuales se unen la competencia para resolver los conflictos en la argumentación, porque se reconoce que las peleas destructivas son costosas y deterioran las relaciones.
El libro plantea que el tipo de sociedad, la cultura, el modelo de Estado social de derecho, democrático, participativo, pluralista, respetuoso de la dignidad humana, y las creencias acerca del Derecho, condicionan o van determinando los contenidos y resultados de la argumentación, que, igualmente, influyen en la manera de pensar, sentir, hablar, decidir y actuar.
Por último, una decisión racional, para que sea válida debe estar correctamente argumentada, porque es el resultado de la independencia y la imparcialidad, orientada por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia. Contiene fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos. No se basa en suposiciones, ni en el puro arbitrio del poder. Reconoce los fines, valores, principios, derechos sustanciales y deberes previstos en el modelo de Estado Constitucional, de derecho, social y democrático. Se apoya en la doctrina y la jurisprudencia, atiende los precedentes para otorgar igualdad a la solución de los conflictos. Es garantista y ponderada. Un proceso democrático permite participar a los ciudadanos que se puedan ver afectados en sus derechos, mediante la oportunidad que se les concede de solicitar, intervenir en la práctica y controversia de las pruebas y la refutación de las decisiones.
